|
Por Gustavo Veiga
La crónica de Ferro es una de las tantas crónicas
del despojo institucionalizado en los ’90. El club que la Unesco distinguió
en 1988 por ser el que más hizo a favor del deporte en América todavía no
pudo zafar de los intereses rapaces. Pero esa historia de abusos amparados
desde un juzgado comenzó a hacer agua. La suspensión del juez Rodolfo
Herrera que tenía en sus manos la quiebra –y que todo indica será
destituido por el Consejo de la Magistratura– robusteció a quienes
pretenden acabar con el contrato leonino que le permite al empresario
Gustavo Mascardi controlar a su antojo los principales recursos que genera
la institución. Tres causas penales por graves delitos están en curso
contra el magistrado, los integrantes del órgano fiduciario que él designó,
los representantes de Gerenciar SA y Swiss Medical Sports SA y cuatro ex
directivos que, en este caso, están procesados por administración
fraudulenta.
Mientras tanto, y pese a sucesivas apelaciones, la
quiebra continúa firme, aunque ahora debe resolver la instancia otro juez,
Margarita Braga. En ese contexto, la firma que explota el fútbol de Ferro
insiste en cobrarles un bono contribución a los socios cuando el equipo
juega en su estadio; desde que se firmó el gerenciamiento, el 28 de marzo
de 2003, al club no ingresó ni un centavo. Ni siquiera por el promocionado
Quilmes Rock que se inició el viernes en Caballito mientras, a la misma
hora, el equipo perdía con la CAI de Comodoro Rivadavia en la cancha de
Huracán.
Uno de los fundamentos que pretende impugnar la
actividad de Gerenciar está basado en un simple cálculo. Si son o han sido
600 los futbolistas que pasaron del club a la empresa (entre infantiles,
juveniles y profesionales), el costo promedio de cada uno ascendería “a la
módica suma de 283 pesos”... Porque Mascardi y su gente accedieron al
negocio con apenas dos pagarés por 170 mil pesos como garantía. Walter
Porta –el desplazado presidente de la comisión directiva residual– y Luis
Russo –quien lo sucedió en ese cargo– dividieron esa suma por la cantidad
de jugadores entregados. “Ni en los rincones más empobrecidos del Africa,
los afortunados gerenciadores podrán adquirir jugadores a un precio más
ventajoso...”, sostuvieron en un escrito elevado al depuesto Herrera.
El desempeño que viene cumpliendo la jueza Braga y
el órgano fiduciario nombrado por ella –que ya no tiene integrantes
permeables a las influencias de Gerenciar– complicó la actividad de los
explotadores del filón adjudicado durante la feria judicial en enero del
2003. Es tan tirante la relación con los fiduciarios Laura Matozzi,
Patricio Igarzábal y Francisco Gerardo que la gerenciadora los intimó a
pagar alrededor de un millón de pesos porque, momentáneamente, no puede
cobrarles la entrada a los socios cuando Ferro juega en su propia casa.
Derecho que, para el acaudalado inquilino, devendría del contrato de
gerenciamiento. Una cláusula a su medida así lo estipula: “Fijar valores o
precios de taquilla o ticket y de entradas y abonos y el acceso al estadio
en caso de partidos como local, en los cuales los asociados deban pagar por
asistir a tales eventos”.
La empresa de los Mascardi apenas logró ese propósito
durante un encuentro. Utilizó viejos bonos contribución del club –a los que
estampó su propio sello– y llegó a efectivizar el cobro de esa manera. La
comisión directiva residual interpuso un amparo, Gerenciar apeló y este
trámite judicial quedó ahora en manos de la Cámara. Pero no es sólo en la
Justicia comercial donde el magnífico emprendimiento –renovable hasta por
27 años– ha tenido problemas.
En el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 10, a
cargo interinamente del doctor Adolfo Calvete, se tramita la causa
74.845/03 por los delitos de cohecho agravado, violación de los deberes de
funcionario público, tráfico de influencias y administración fraudulenta en
la que están denunciados Herrera; su adlátere, el intermediario
inmobiliario Aleardo Echeverry (hermano de un prestigioso ex dirigente
fallecido); los representantes deGerenciar y también los de Swiss Medical
Sports, la empresa que desistió –a diferencia de la primera– de gerenciar
la sede y las actividades deportivas que excedieran al fútbol.
Según el abogado y ex vocal de Ferro, Eduardo
Gabriel Sreider, quien hizo una de las declaraciones más detalladas ante la
Justicia, Swiss Medical Sports quería despedir a todos los empleados del
club, que sus indemnizaciones fueran pagadas por Ferro y durante cuatro
años no abonar canon, condiciones fijadas bajo la tutela del doctor
Herrera. “El gancho que seguramente llevaba a Swiss Medical Sports a hacer
el negocio era facultar a sus asociados a utilizar las instalaciones del
club y asociarlos”, afirmó Sreider bajo juramento. La frustrada
gerenciadora es una iniciativa deportiva de su homónima, Swiss Medical
Group, que, curiosamente, tiene en su directorio a Pablo Ariel Herman, el
secretario de actas de Boca.
Además de esta causa, Calvete tramita otra: lleva
el número 9385/04 y es la que se sigue contra el juez Herrera por
enriquecimiento ilícito. Por último, en el Juzgado Criminal Nº 12, a cargo
del doctor Ricardo Warley, continúan procesados por administración
fraudulenta los ex directivos del club Marcelo Corso, Héctor Hermida, Raúl
Tauz e Isidro Cabral. Los dos primeros sufrieron embargos por 2 millones de
pesos y los dos últimos por 150 mil. Todos ellos habían asumido la
conducción del club en diciembre de 1996. Esta causa data del 2001, tiene
el número 13.414 y es la única anterior al gerenciamiento.
Todo indica que las investigaciones podrían
propiciar la apertura de nuevos expedientes judiciales para, entre otras
cosas, determinar si Gerenciar no licuó activos del club y desvió fondos
por la transferencia de jugadores.
Jorge Gallelli integra en la actualidad el
Tribunal de Disciplina de la AFA y ocupa ese lugar en representación de
Ferro. Se trata también de un personaje clave en el traspaso del fútbol y
la locación del estadio. De acuerdo con la declaración judicial de Sreider,
realizada el 22 de diciembre de 2003, Gallelli fue quien le manifestó que
la empresa se retiraba del club si no le cedían en forma inmediata a los
futbolistas Cristian Tula y Maximiliano Velázquez. Uno de los encargados de
aplicar sanciones a los jugadores que participan en los torneos de la AFA,
esta vez, sabía para dónde tenían que patear esos valores surgidos del
semillero. No era para su club, era para la sociedad anónima de Mascardi.
Gallelli también se reportaba a las órdenes del
juez ahora suspendido. “Cuando Herrera le dio el original (del contrato de
Tula y Velázquez), le dijo que se reuniera de forma urgente con Gallelli,
pues lo quería firmado ese mismo día”, cuenta Sreider en la misma
declaración testimonial. La disposición del miembro del Tribunal para con
su señoría lo inducía a tomar ciertas iniciativas. Durante una reunión
efectuada en un café vecino a los bosques de Palermo, se ofreció a
explicarle a un grupo de socios las bondades del gerenciamiento cuando
había un pedido de nulidad de ese contrato dando vueltas. En el club se
cuenta que aún continúa ligado a Gerenciar, pese a que habría sido
desplazado del staff principal de la empresa.
Peor le ha ido al juez que se decía hincha de
Ferro. Por catorce votos a cero, el Consejo de la Magistratura aprobó el
procedimiento para removerlo del cargo, del que podría ser destituido en
los próximos seis meses. Según el dictamen conocido el 23 de septiembre
pasado, “lo que importa, en cuanto a la incumbencia de los órganos llamados
a juzgar la actuación de un juez, es si existió mal desempeño funcional y/o
mala conducta individual de parte del magistrado con menoscabo en la alta
función encomendada. Ello parece fuera de discusión toda vez que el diálogo
mantenido por éste con el supuesto inversor y con el arquitecto Echeverry
evidencia una grave infracción a las normas morales por falta de escrúpulos
y de principios éticos, que seguramente han lesionado en forma severa su
confiabilidad ante una sociedad cuyos integrantes debieron haberobservado
el programa televisivo del 3 de diciembre con la misma perplejidad revelada
por algunos empleados del Juzgado Comercial Nº 3”.
La emisión a que se refiere el dictamen es de
Telenoche Investiga, cuya cámara oculta desentrañó la operación de Herrera
y Echeverry para digitar una licitación que favoreciera a un inversor
ficticio en perjuicio de Ferro. A partir de ese momento, todos los actos
realizados por Herrera quedaron sospechados de corrupción. Entre otros, el
contrato de gerenciamiento que benefició a la empresa que preside Emilio
Mascardi, pero que en rigor maneja su hijo, Gustavo. El mismo que hace poco
le confesó a la revista Sports Business su idea de “llegar a tener un
equipo por cada división del fútbol dentro de cinco años”.
|